Un juez federal en Chicago anuló este lunes una regla de inmigración del Gobierno de Trump que negaba las tarjetas de residencia a los inmigrantes que usaran cupones de alimentos u otros beneficios públicos.
En una decisión que tiene vigencia inmediata en todo el país, el juez de distrito Gary Feinerman rechazó la regla que había entrado en vigor recientemente, luego de que la Corte Suprema revocara una suspensión anterior que impedía su implementación.
El fallo beneficia a todos los inmigrantes que solicitan la residencia permanente por medio de un ajuste de estatus, familia o trabajo y que en el pasado han recibido algún tipo de asistencia pública.
Feinerman dictaminó que la regla viola la Ley de Procedimiento Administrativo, que obliga a las agencias federales a establecer de antemano un proceso claro y detallado sobre cómo implementarán sus regulaciones.
Promulgada en 2019, esta regla busca denegar la residencia permanente a los solicitantes a los que el Gobierno considere que pueden llegar a depender de prestaciones públicas, como cupones de alimentos y ayudas para vivienda y Medicaid, entre otros beneficios.
La decisión marcó el último giro en una compleja batalla legal por una de las medidas más agresivas del presidente, Donald Trump, para reformar el sistema de inmigración. La demanda de Chicago, presentada por la Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Illinois y el condado de Cook, fue uno de los numerosos desafíos legales.
En la ley federal ya había una regla de carga pública para obtener la residencia permanente, pero la Administración Trump amplió la lista de programas que podrían descalificar a los inmigrantes.
Defensores de los derechos de los inmigrantes consideraron la regla era una manera de excluir a personas de bajos ingresos. Además, expertos en salud consideran que la medida pone en riesgo el bienestar de los migrantes y el del público en general, ya que ponía a los migrantes de escasos recursos en el dilema de elegir entre obtener ayuda médica o permanecer en el país de manera legal.
Los funcionarios del condado de Cook, que administran uno de los sistemas de salud pública más extensos del país, argumentaron que cuando las personas carecen de cobertura médica, es menos probable que busquen atención preventiva y dependan de una atención de emergencia más costosa. Eso también aumentaría el riesgo de enfermedades transmisibles.
“Como a todos nos sigue afectando el COVID-19, es vital que nadie tenga miedo de acceder a la atención médica. La decisión del tribunal de bloquear la aplicación de la regla de carga pública vuelve a abrir las puertas para que los inmigrantes accedan a servicios vitales como la atención médica", dijo el presidente de la Junta del Condado de Cook, Toni Preckwinkle, en un comunicado de prensa.
El Gobierno podría apelar el caso ante la Corte Suprema, en cuyo caso la jueza Amy Coney Barrett tendría que abstenerse de participar pues fue parte del panel de tres jueces de la Séptima Corte de Circuito de Apelaciones que bloqueó la implementación de la regla a inicios de junio, una decisión dos contra uno en la que ella disintió.
Con información de The Associated Press.