“Nosotros perdemos, perdemos, perdemos, y luego nos va bien en la Corte Suprema”, ha asegurado este lunes el presidente, Donald Trump, en referencia al Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones, en cuyas manos está la suerte a corto plazo de casi 700.000 soñadores.
Trump decidió en septiembre acabar con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), el programa creado en 2010 por el expresidente Barack Obama para blindar de la deportación a los jóvenes llegados de niños al país de forma ilegal de la mano de sus padres. Trump dio de plazo hasta el 5 de marzo para que el Congreso legislara una solución, pero eso aún no ha ocurrido.
Activistas denunciaron al final de DACA ante la justicia, y dos cortes anularon la decisión de Trump, lo que permitió a los soñadores seguir renovando sus permisos. El Departamento de Justicia recurrió la decisión, pero, además de acudir al Noveno Circuito, como le correspondía, intentó saltarse un paso y acudir directamente a la Corte Suprema. Ésta ha rechazado hoy su recurso, de forma que ahora habrá que esperar al Noveno Circuito y luego, si es menester, a la Corte Suprema. Eso puede dilatar los plazos hasta un año, durante el cuál los soñadores seguirán en el limbo, a la espera de una solución definitiva del Congreso.
“Veremos qué pasa a partir de ahora”, ha dicho Trump este lunes. “Saben, hemos intentado moverlo rápidamente porque queremos ayudar a DACA”, ha añadido, “pero la Corte Suprema acaba de decidir que debe ir por los canales normales”. Moverlo rápido, en palabras del presidente, no habría ayudado a los soñadores sino todo lo contrario: fueron ellos quienes acudieron a la justicia, y es una decisión de la justicia lo que evita que empiecen a ser deportados a partir del 5 de marzo, dada la inacción del Congreso (controlado por el Partido Republicano).
El portavoz de la Casa Blanca Raj Shah ha asegurado hoy que el programa DACA “es claramente ilegal”, y ha acusado al juez de Nueva York que anuló su cancelación (otro de California también lo hizo) de tomar una decisión “unilateral” que usurpa los poderes del Congreso. Cabe recordar que la separación de poderes (justicia, Congreso y presidencia) existe para que cada uno de ellos pueda controlar a los demás, evitando abusos que lleven a una dictadura.