En un breve fallo sin firma y aparentemente unánime, la Corte Suprema de Estados Unidos envió la disputa entre la administración Trump y activistas opuestos a la nueva política para DACA al tribunal de primera instancia donde se originó el diferendo.
El asunto en disputa es el acceso a documentos gubernamentales sobre la decisión de terminar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA.
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Cinco demandas en contra de la decisión se presentaron en el norte de California, y los demandantes piden documentos deliberativos internos del gobierno. En respuesta, el gobierno envió 256 páginas, la mayor parte de las cuales consistieron en decisiones judiciales publicadas.
El juez ordenó al gobierno presentar más documentos, y la administración Trump apeló, alegando que la orden era extremadamente amplia.
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Al devolver el caso a instancias judiciales inferiores, la Corte Suprema dice que el gobierno puede tener razón y que el juez de primera instancia debería haber escuchado sus argumentos primero. "El Tribunal de Distrito no puede obligar al gobierno a divulgar ningún documento que el gobierno considere privilegiado sin antes brindarle al gobierno la oportunidad de discutir el asunto".
Pero el Tribunal Supremo declinó fallar sobre qué bando debe prevalecer en última instancia en cuanto al tema del acceso a los documentos.